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PRECEPTOS APLICABLES AL RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL TRAS LA SEPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN

preceptos regimen económico matrimonial

Rebeca Vidal Reyes

Numerosos son los casos en los que tras pasar por una separación conyugal la pareja se reconcilia. En el presente artículo trataremos de aclarar lo que sucede en torno al régimen económico matrimonial, tras la separación y posteriormente tras la reconciliación.

¿Qué sucede con el régimen económico matrimonial tras formalizar la separación conyugal y liquidación de los bienes gananciales si el matrimonio se reconcilia? 

Pues bien, esta situación puede llevarnos a numerosas dudas, ya que por lo general el régimen económico, si no se acuerda ante notario en las capitulaciones matrimoniales lo contrario, es el régimen económico de gananciales.

Sin embargo, conforme a lo estipulado en el artículo 1.392.3º del Código Civil, la sociedad de gananciales concluirá de pleno derecho:

"cuando se acuerde la separación legal de los cónyuges"

En relación a esto mismo, el artículo 1.435.3º del CC establece que:

 "existe entre los cónyuges separación de bienes cuando se extinga constante matrimonio, la sociedad de gananciales o el régimen de participación, salvo que por voluntad de los interesados fuesen sustituidos por otro régimen distinto".

Tal y como recoge el artículo 1.443 y 1.444 CC la separación de bienes decretada no se alterará por la reconciliación de los cónyuges en caso de separación personal o por la desaparición de cualquiera de las demás causas que la hubiesen motivado. No obstante, los cónyuges pueden acordar en capitulaciones que vuelven a regir las mismas reglas que antes de la separación de bienes. Harán constar en las capitulaciones los bienes que cada uno aporte de nuevo y se considerarán éstos privativos, aunque, en todo o en parte, hubieren tenido carácter ganancial antes de la liquidación practicada por causa de la separación.

Por lo tanto, no queda del todo claro que sucede pues si existe previamente un régimen económico de gananciales, y si éste se altera si el matrimonio se reconcilia tras llevarse a cabo la separación conyugal y la liquidación correspondiente.

Pues bien apoyándonos en nuestra doctrina:

«La libre separación de hecho excluye el fundamento de la sociedad de gananciales, que es la convivencia mantenida entre los cónyuges. La convivencia conyugal, o su reanudación, posterior a una sentencia firme de separación judicial, no rehabilita el régimen económico matrimonial de comunidad de gananciales, disuelto por la sentencia firme de separación». Sentencia del Tribunal Supremo 3270/207, Madrid, Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 26 de abril de 2000, Sentencia del Tribunal Supremo Sentencia nº493/2017.

Tanto el divorcio como la sentencia de separación pone punto y final al régimen legal de gananciales, y desde ese instante los bienes adquiridos serán privativos de cada una de las partes.

La RECONCILIACIÓN conyugal efectivamente restablece el vínculo matrimonial pero NO AFECTA al régimen económico matrimonial.

Por todo ello, el matrimonial volverá a estar casada pero el régimen económico aplicable a partir de la reconciliación entendemos que será el de separación de bienes, salvo que se acuda ante notario y hagan las oportunas escrituras de capitulaciones matrimoniales, indicando que su voluntad tras la reconciliación es el régimen de gananciales.

Por lo que, sería aconsejable que, si ya nos encontramos ante una segunda oportunidad de reestablecer el matrimonio no se modifique el régimen matrimonial de separación de bienes, ya que podrían ser múltiples las ventajas de este régimen, puesto que en caso de nueva separación el reparto de los bienes será mucho más sencillo bajo este régimen matrimonial.

Si quieres saber más respecto a las ventajas y desventajas de elegir uno u otro régimen matrimonial, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.


LA EXCLUSIÓN DE LA COBERTURA DE SEGURO DE VIDA EN EL CASO DE FALLECIMIENTO POR CONDUCCIÓN BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL

LA EXCLUSIÓN DE LA COBERTURA DE SEGURO DE VIDA EN EL CASO DE FALLECIMIENTO POR CONDUCCIÓN BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL

Olivia Baumhauer Arteaga

En la sentencia nº179/2021 dictada por la Audiencia Provincial de Badajoz se discutía la procedencia de la exclusión de la cobertura del seguro el fallecimiento de un asegurado que conducía bajo los efectos del alcohol en el momento del fallecimiento.

Comentario a la Sentencia nº179/2021 de 1 de septiembre dictada por la Audiencia Provincial de Badajoz

  • Las limitaciones de derechos en los contratos de seguros.

 

La ley de contrato de seguros (LCS) establece, entre otros muchos aspectos, las exigencias formales de la contratación y las limitaciones de sus disposiciones en defensa de los intereses del tomador / asegurado.
Parece obvio que los contratos de seguro suelen ser contratos pre redactados con inclusión de condiciones generales de la contratación, entendiendo como tal, y conforme a lo previsto en la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación,  las cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos
Al margen de las condiciones generales, los contratos de seguro en función de su naturaleza, de las características del tomador y del riesgo asegurado incluyen condiciones particulares las cuáles acostumbran a incluir cláusulas limitativas de derechos.
Al respecto, el artículo 3 de la propia LCS establece límites a la potestad impositiva de las compañías de seguro y obligaciones formales tanto para la incorporación de dichas cláusulas como para su validez.
En concreto el artículo 3 establece que en ningún caso las condiciones generales podrán tener carácter lesivo para los asegurados y que además dichas condiciones generales habrán de incluirse por el asegurador en la proposición de seguro si la hubiere y necesariamente en la póliza de contrato o en un documento complementario.
No bastando con su inclusión, en aras de fomentar la transparencia en la contratación de seguros se exige además que el asegurado suscriba expresamente dichas condiciones y obtenga una copia de las mismas.
Las condiciones generales de la contratación de seguros están además sometidas a la vigilancia de la Administración Pública hasta tal punto que declarada por el Tribunal Supremo la nulidad de alguna de las cláusulas de las condiciones generales de un contrato la Administración pública competente obligará a los aseguradores a modificar las cláusulas idénticas contenidas en sus pólizas.
En cuanto a transparencia formal se refiere el artículo 3 de la LCS exige una redacción clara y precisa destacando transparencia en cuanto a cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados se refiere, exigiendo además que las mismas vengan específicamente aceptadas por escrito.

  • La interpretación jurisprudencial del artículo 3 de la LCS.

 

Numerosas son las sentencias dictadas por el tribunal supremo respecto de las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados.
Se ha venido exigiendo que las cláusulas limitativas deban ser "especialmente aceptadas por escrito", por lo que es imprescindible la firma del tomador. Pero es que además la firma no debe aparecer solo en el contrato general, sino en las condiciones particulares, documento en el que habitualmente deben aparecer las cláusulas limitativas de derechos.
De lo anterior cabe interpretar que en caso de que las condiciones particulares se remitan a las cláusulas limitativas que aparezcan en las condiciones generales que se entregan al tomador o al asegurado, este deberá firmar también estas condiciones particulares no bastando con la firma de las condiciones generales del contrato. Insistimos en que en ningún caso bastaba solo con la firma de la remisión contenida en las condiciones particulares.

  • La Sentencia de la Audiencia Provincial Badajoz, Sentencia 179/2021, 1 Sep. Recurso 352/2021.

 

En la sentencia nº179/2021 dictada por la Audiencia Provincial de Badajoz se discutía la procedencia de la exclusión de la cobertura del seguro el fallecimiento de un asegurado que conducía bajo los efectos del alcohol en el momento del fallecimiento, en concreto se descartaban los accidentes por imprudencia.

La acción fue interpuesta por la viuda del asegurado, fallecido en un accidente de tráfico, reclamando a la aseguradora el pago de la indemnización correspondiente en base a una póliza de seguro de Asistencia Familiar Integral que cubría, entre otras, el fallecimiento por accidente de los asegurados.

En Primera Instancia se llevó a cabo un análisis del contenido del contrato alcanzando la conclusión el Juzgador a quo que el accidente no estaba incluido en el riesgo asegurado por cuanto que el fallecido conducía con una tasa de alcohol en sangre de 2,16 g/l y, que la póliza excluía la cobertura en el supuesto de embriaguez o muerte por imprudencia.

No obstante dicha sentencia fue revocada en segunda instancia considerando el Juzgador ad quem que, a la luz de la doctrina jurisprudencial, las circunstancias de la contratación del contrato de seguro vulneraban lo previsto en el artículo 3 de la LCS por lo que dicha cláusula limitativa de la cobertura del seguro de vida no era válida.

El pronunciamiento al respecto de la Audiencia Provincial de Badajoz va más allá interpretando la exclusión de la cobertura del seguro para los casos como aquel enjuiciado en el que el conductor, asegurado, fallece conduciendo bajo los efectos del alcohol.

Entiende la Sala que se trata de una limitación de los derechos del asegurado por cuanto la situación de embriaguez, aunque sea manifiesta, no constituye ni demuestra por sí misma la concurrencia de intencionalidad del asegurado en la producción del accidente.

Como consecuencia de dicho razonamiento, la Sala interpreta que pactado el fallecimiento del asegurado por accidente como riesgo asegurado, la póliza suscrita contenía una cláusula de exclusión de cobertura por embriaguez.

Al tener dicha exclusión la naturaleza de una cláusula limitativa de los derechos del asegurado, la misma debía figurar destacada de modo especial y ajustarse a los criterios de claridad y sencillez, así como ser especialmente aceptada por escrito por el asegurado para que este tenga un conocimiento exacto del riesgo cubierto todo ello conforme al artículo 3 de la LCS.

En el caso enjuiciado, la cláusula invocada no reunía los referidos requisitos, aparecía en las condiciones generales y estas no están firmadas por el tomador, sin que sea suficiente a estos efectos la firma de las condiciones particulares, aunque estas incluyeran una cláusula de remisión a las condiciones generales y recogieran una aceptación expresa del asegurado de la existencia, conocimiento y conformidad de las cláusulas limitativas contenidas en dichas condiciones generales, todo ello conforme a la interpretación del Tribunal Supremo en su Sentencia nº140/2020, de 2 de marzo la cual estableció que cuando las condiciones particulares se remiten a las cláusulas limitativas que aparecen en las condiciones generales, estas últimas también deberán ser firmadas.

En consecuencia, pactado como riesgo asegurado el fallecimiento del asegurado por accidente y producido este, el mismo no puede quedar fuera del aseguramiento por aplicación de una cláusula limitativa de los derechos del asegurado que incumple los requisitos del art. 3 LCS, por lo que procede condenar a la aseguradora a abonar la indemnización reclamada.

En el caso analizado el conocimiento y aceptación expresa de dicha condición particular con la firma del documento en el que figuran las cláusulas limitativas cobra aún mayor relevancia cuando supone una reducción del concepto legal de accidente tal y como aparece en el art. 100 LCS. Esto es, que inicialmente el contrato de seguro cubriría un siniestro como el que determinó el fallecimiento del asegurado, pero también por cuánto dicha limitación tan relevante no aparecían hasta la página 21 del documento de condiciones generales.

Por todo ello, la Audiencia de Badajoz estimó el recurso de apelación presentado por los familiares del fallecido y condenó a la aseguradora a pagar la indemnización reclamada.


i https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/01c9603e564e28a1

 

ii https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/23fe9881af5b3864

 

iii https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/01c9603e564e28a1


REFORMA LABORAL Y MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL REAL DECRETO-LEY 32/2021, DE 28 DE DICIEMBRE

REFORMA LABORAL Y MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL REAL DECRETO-LEY 32/2021, DE 28 DE DICIEMBRE

Estrella Mendez

Tras la publicación del Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, desarrolla cambios en los contratos temporales, la subcontratación, los ERTE, la negociación colectiva y los contratos formativos, que entran en vigor a los 3 meses desde su publicación.
A continuación destacamos los aspectos más relevantes:

  • 1 Contratos

En primer lugar, trataremos los contratos temporales, teniendo en cuenta que desaparece el contrato por obra o servicio.
Siendo esto así, se unifican las causas de temporalidad en dos supuestos, siendo necesaria la causalidad del contrato temporal:

  • Por circunstancias de la producción:
    • Se entenderá por circunstancias de la producción el incremento ocasional e imprevisible de la actividad, así como las oscilaciones que, aun tratándose de la actividad normal de la empresa, generan un desajuste temporal entre el empleo estable y el que se requiere.
    • Tiene una duración máxima de 6 meses, ampliable a 1 año si así lo establece el convenio sectorial.
    • Solo cabe una prórroga.
    • Si el contrato obedece a circunstancias de la producción ocasional, pero previsible, la duración máxima del mismo es de 90 días en el año natural y en la Empresa, debiendo notificar a la RLT en el último trimestre de cada año la previsión anual el uso de este contrato.
  • Por sustitución:
    •  Este contrato de duración determinada para sustituir a personas durante una suspensión del contrato con reserva de puesto de trabajo, para cubrir la jornada reducida por causa legal o convencional, así como para cubrir vacantes durante un proceso de selección.
    • Esta causa responde a una necesidad de cobertura interna de la empresa, debiendo especificar el nombre de la persona sustituida y la causa de sustitución.
    • La cobertura podrá iniciarse antes de que se produzca la ausencia, con un máximo de 15 días.
    • Cuando la cobertura temporal sea por un proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva, la duración no podrá ser superior a 3 meses (no renovable). Es posible que se fije un plazo inferior se así lo fija el convenio colectivo.

Por tanto, el contrato de trabajo de duración determinada solo podrá celebrarse por circunstancias de la producción o por sustitución de persona trabajadora.
Igualmente, es importante destacar que se reduce el encadenamiento de contratos para considerar a una persona fija, pasando a tener en cuenta el periodo de 24 a 18 meses.
En este sentido, adquirirá la condición de fijo:

  • Las personas que en un periodo de 24 meses hubieran estado contratadas durante un plazo superior a 18 meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo, en la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos por circunstancias de producción.
  • La persona que ocupe un puesto de trabajo que haya estado ocupado con o sin solución de continuidad, durante más de 18 meses en un periodo de 24 meses, mediante contratos por circunstancias de la producción.

Se potencia el contrato fijo discontinuo que se concertará para trabajos de naturaleza estacional o actividades productivas de temporada, así como aquellos que no tengan dicha naturaleza pero que, siendo de prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados.
Se elimina la tradicional previsión de trabajos intermitentes sin fecha cierta de inicio.

Se modifica el contrato formativo, en los siguientes términos:

  • Contrato de formación en alternancia de trabajo y formación. Con la finalidad de adquirir la competencia profesional adecuada correspondiente a un determinado nivel de estudios (FP, universidad o catálogo de cualificaciones profesionales del Sistema Nacional de Empleo):
    • Podrá concertarse con personas de cualquier edad salvo en el caso del Catálogo de Cualificaciones Profesionales, con límite de hasta 30 años
    • Tendrán una duración mínima de tres meses y una máxima de dos años.
    • Las jornadas serán no superiores al 65% el primer año y 85% el segundo año sin poder realizar horas extra, trabajo a turnos o jornadas nocturnas.
    • La retribución se adaptará al convenio y no podrá bajar de 60% (el primer año y del 75% el segundo año). Nunca será menor al SMI proporcional a la jornada.
    • Un tutor con la formación adecuada se encargará de seguir y velar por el cumplimiento del plan formativo individual que se diseñe para cada persona y el correcto cumplimiento del contrato.

 

  • Contrato de formación dual
    • Se limita de 6 meses a 12 meses.
    • Los contratos para la obtención de la práctica profesional podrán celebrarse hasta un máximo de tres años (o cinco años en el caso de personas con discapacidad) después de obtenida la certificación.

Ambos contratos formativos estarán cubiertos por la acción protectora de la Seguridad Social que comprenderá las contingencias protegibles y prestaciones incluido el desempleo y la cobertura del Fondo de Garantía Salarial
Las prácticas curriculares o extracurriculares, no serán relación laboral pero mantienen la obligación de cotizar.

  • 2 Negociación colectiva.

En materia de negociación colectiva, se recupera la ultraactividad, de manera que, cuando haya cumplido su vigencia el convenio colectivo y no se alcance un acuerdo, seguirá aplicándose.
El convenio de empresa tendrá prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior: en el horario, régimen de trabajo a turnos, vacaciones,  clasificación profesional, la distribución del tiempo de trabajo, pero no en materia salarial, en la que prevalecerá el convenio sectorial. 

  • 3 Subcontratación.

Las contratas y subcontratas deberán cumplir el convenio del sector correspondiente según la actividad que desarrollan.
El convenio colectivo sectorial aplicable en las empresas contratistas será el de la actividad desarrollada, salvo que exista otro convenio sectorial aplicable. Se podrá aplicar el convenio sectorial de la actividad desarrollada en la empresa principal u otro si así lo determina la negociación colectiva sectorial dentro de sus normas generales.
Cuando la empresa contratista o subcontratista cuenta con convenio propio, éste se aplicará en los términos que resulten del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores.
Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad deberán comprobar que dichas contratistas están al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social. Recabarán por escrito, con identificación de la empresa afectada, certificación negativa por descubiertos en la Tesorería General de la Seguridad Social, que deberá librar inexcusablemente dicha certificación en el término de treinta días improrrogables transcurrido este plazo, quedará exonerada de responsabilidad la empresa solicitante.
La empresa principal, salvo el transcurso del plazo antes señalado respecto a la Seguridad Social, y durante los tres años siguientes a la terminación de su encargo, responderá solidariamente de las obligaciones referidas a la Seguridad Social contraídas por los contratistas y subcontratistas durante el periodo de vigencia de la contrata. De las obligaciones de naturaleza salarial contraídas por las contratistas y subcontratistas con las personas trabajadoras a su servicio responderá solidariamente durante el año siguiente a la finalización del encargo.

  • 4 Expedientes de regulación de empleo temporales.

Se introducen reformas tales como la tramitación de un nuevo ERTE que pasa a denominarse Mecanismo Red, que permite igualmente reducir la jornada o suspender el empleo, siempre que se trata de una causa cíclica, con una duración máxima de un año.
En los ETOP por causas económicas, organizativas y productivas, se acortan los plazos del periodo de consultas y se modifican las causas que motivan la tramitación del expediente, entendiendo que en la causa económica, la disminución será persistente comparando dos trimestres en lugar de tres como se venía haciendo con anterioridad.

  • 5 Se modifica la LISOS.

En materia de sanciones relacionadas, con el fraude en la contratación, se endurece el artículo 40 de la LISOS entendiéndose una sanción por cada infracción:

g) Las infracciones graves señalada en los artículos 7.2, 7.14, 18.2.c), 19.2.b) y 19.2.e) se sancionarán con la multa siguiente: en su grado mínimo, de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros.